He dicho antes que el Poder Judicial en Estados Unidos hace todo lo posible por apoyar al Poder Ejecutivo en cuestiones de «seguridad nacional», manto con el que se encubren las más variadas violaciones constitucionales y de derechos humanos. Un reciente caso en el Tercer Circuito del Tribunal de Apelaciones lo confirma.
La American Civil Liberties Union -- que no le saca el guante de la cara al gobierno fascistoide norteamericano -- había demandado al FBI en busca del uso de información étnica y racial en sus investigaciones sobre el terrorismo. La premisa era que la agencia estaba haciendo un uso indebido de dicha información para perseguir, principalmente, a árabes y musulmanes residentes en el país, así como a otros «indeseables» como los asiáticos y los latinoamericanos. El FBI se negó a revelar la información solicitada, y el tribunal de primera instancia en New Jersey -- donde se presentó el pleito -- falló a favor del gobierno.
En apelación, se confirmó la decisión. En un momento en que Estados Unidos está en la picota internacional, precisamente por su uso del espionaje dentro y fuera de sus fronteras, sus tribunales avalan la secretividad con la que se conducen las prácticas contrarias al orden constitucional.
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