El país se desenvuelve lastimosamente dentro del marco estrecho que le impone su condición colonial. No hay renglón de la vida puertorriqueña que no esté subordinado a la jurisdicción de Estados Unidos. Hoy, se señalan, por ejemplo, las limitaciones a la pesca de profundidad impuestas por el gobierno federal, y lo poco que puede hacer nuestro gobierno para atender las necesidades de los pescadores boricuas. La «aguada» jurisdicción marítima de Puerto Rico solo se extiende 9 millas náuticas de la costa. De ahí en adelante, mandan los americanos, y a ellos es que hay que ir a suplicarles que permitan la pesca que, de acuerdo con su criterio, no es conveniente.
En fin, se trata de una muestra más de la poca autoridad del Gobierno de Puerto Rico sobre la vida del país. Nuestra «Constitución», leyes y reglamentos no pasan de ser meros apéndices del ordenamiento jurídico de Estados Unidos, patéticamente supletorios.
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