La práctica policial de «detención y cacheo» es vieja y siempre conflictiva, pues interviene con una de las libertades ciudadanas fundamentales: la de transitar libremente sin que se nos revise. Tiene que haber una sospecha fundada, para que los agentes del orden público detengan y rebusquen a una persona en plena vía pública. La jurisprudencia al respecto ha tenido que realizar un fino balance entre la libertad y esta herramienta investigativa, que tiene su utilidad como medida preventiva de la comisión de delitos.
La realidad es que se trata de intervenciones que se prestan para abusos, sobre todo con las minorías étnicas o raciales, así como con otros grupos «indeseables». En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, su policía ha desplegado una actividad muy intensa en este renglón, especialmente durante la incumbencia del actual alcalde. Mas, lo cierto es que, según ha surgido en la litigación que ha generado, más del 80% de los detenidos y rebuscados son latinos y negros. Y solo en un 0.14% de los casos se ha ocupado un arma, motivo principal de la intervención.
Resulta claro el patrón de acoso y discrimen contra estos dos grupos, y por ende, la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
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