Como veo las cosas, este asunto de la práctica de la ingeniería por parte de personas no autorizadas va a terminar de dos maneras. La primera será eliminar la colegiación obligatoria de los ingenieros, como castigo al Colegio de Ingenieros y Agrimensores por haber osado denunciar a prominentes políticos del partido de gobierno. Ya la representante Liza Fernández, principal gestora de la descolegiación de los abogados, debe estar preparando el proyecto para cuando llegue como nueva senadora en enero de 2013. El Presidente del Senado -- hijo de uno de los violadores de la ley -- ha acusado al Colegio de una faena política por sus denuncias. La suerte está echada. Y, si los empujan mucho, aprueban una ley que elimine todos los colegios profesionales o les prohíben hacer señalamientos públicos sobre la práctica profesional. Y si alguien señalara que ello sería violatorio del derecho constitucional a la asociación y a la libre expresión, enmiendan la Constitución para acomodarla a sus pretensiones.
La segunda será aprobar una ley, con efecto retroactivo, para disponer que bastará ser ingeniero en entrenamiento -- eufemismo para los que no aprueban la reválida -- para certificar o inspeccionar obras. No dudo que hasta lleguen a disponer que podría ser un delineante o alguien que sepa hacer estructuras con los bloquecitos Lego.
1 comentario:
Genial. A aquellos que nunca se expresaron por el CAPR van a recibir la misma medicina. De paso, Madama Fernández va a dar un "copy-paste a la nueva legislación.
Lo del diseño en Lego te ha quedado genial.
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