La American Civil Liberties Union, cuyas credenciales como defensora de los derechos civiles y humanos son ampliamente conocidas y respetadas, ha tenido que querellarse contra el gobierno de su país a nombre de tres afganos y tres iraquíes que fueron torturados durante su cautiverio a manos de Estados Unidos. Añadiendo significación a este reclamo está el hecho de que hayan tenido que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el sistema judicial de Estados Unidos se ha negado a acoger una demanda por estos hechos incoada hace varios años. La ACLU señala, con sobrada razón, que las propias investigaciones del gobierno yanqui documentan que el abuso ha sido amplio, sistemático y autorizado a los más altos niveles gubernamentales. «A admisión de parte, relevo de prueba», decimos los abogados. Pero, los tribunales estadounidenses, predecible y bochornosamente, han fallado -- en ambos sentidos -- al proteger burdamente los «intereses nacionales» por encima de la justicia que debían hacerle a unos seres humanos. Con el fundamento de la inmunidad ejecutiva perversamente aplicado, los americanos han consagrado la impunidad propia.
Veremos cuánto valor hay en el resto de la comunidad interamericana para condenar a Estados Unidos por estos abusos.
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