La fiscal que dirige la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia hace una lectura muy limitada de su función investigativa, en un aspecto que requiere mayor amplitud de miras y sagacidad. Las manifestaciones variopintas de la corrupción exigen una gestión más abarcadora, ágil y diligente en las pesquisas, el encausamiento y la adjudicación. La fiscal parece entender que su responsabilidad institucional es meramente evaluar ofrecimientos de prueba que se traigan a su consideración, para decidir si procede tomar acción. Ello no es ni puede ser así.
El Ministerio Público no puede conformarse con desempeñar un papel tan pasivo como ése. Lo que el cargo -- y el país -- exigen es una actividad que corresponda a la gravedad de la corrupción gubernamental que se vive. En el caso de la senadora Evelyn Vázquez es evidente que la investigación ha sido deficiente, incompleta y trunca. Es totalmente inaceptable que se despache el asunto con la superficialidad que lo ha hecho la fiscal Rodríguez. El proceder impropio de la senadora era manifiesto, bastando una indagación sencilla de los hechos. Solo un ánimo exculpatorio explica una gestión tan fallida de la Fiscalía.
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