Para aquellos que sostienen que el asunto del status político de Puerto Rico puede separarse de «los verdaderos problemas del país», aquí tenemos un buen ejemplo -- de los muchísimos que hay -- de que ello no es así. La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de que la aplicación de la ley que crea el registro de ofensores sexuales y de abuso contra menores es prospectiva, por lo que no se le puede aplicar a los convictos antes de 2006, significa que un número de ellos saldrá de prisión, donde cumplían cárcel por haber violado la norma de registrarse. Es decir que, independientemente de lo que los puertorriqueños creamos o querramos sobre el particular, un dictamen judicial en Estados Unidos es determinante de lo que se puede o no se puede hacer en nuestro país. Personalmente, como abogado, concuerdo con la decisión: las leyes -- sobre todo las punitivas -- no pueden tener efecto retroactivo. Pero, esa no es la cuestión. Es la subordinación política puertorriqueña la que permite que estemos al arbitrio, el capricho o el criterio ajeno en todos los asuntos de nuestra vida.
Como ser libre, prefiero «equivocarme» a que otro se equivoque por mí. Lo que hay que rechazar es esta tutela eterna, que nos sujeta a las opiniones de un cuerpo colegiado ajeno -- aunque ahora haya una puertorriqueña -- que resuelve de acuerdo con otra cultura general y jurídica, y cuya trayectoria, a pesar de la mitología americana, no siempre ha sido admirable. En fin, lo que hay que rechazar es el problema jurídico fundamental de nuestro país: el colonialismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario