Evidentemente, el Gobierno de Puerto Rico ha sido, por lo menos, negligente, al otorgar contratos de servicios profesionales de ingeniería a entidades constituidas por ingenieros que no están licenciados para ejercer como tales. Lo primero que debe hacerse al contratar es asegurarse de que la parte contratada tiene la capacidad jurídica para ello. En este caso, además de los otros requisitos de ley, se exige que los profesionales estén debidamente preparados para realizar su labor. La licencia profesional es requisito, pues es la certificación de que la persona posee el entrenamiento y la pericia para desempeñarse como ingeniero.
Por supuesto, sabemos que el descuido aquí no es tal. Se trata de una muestra más del ánimo de favorecer indebidamente a ciertos individuos, por razones puramente partidistas. A eso es que se debe que ni siquiera se molestaran en cotejar si esos ingenieros tenían licencia. No es sino hasta que se descubre el asunto que ahora andan apurados cancelando contratos y buscando sustitutos para que las obras puedan continuar, cuestión que podría traer complicaciones legales y técnicas adicionales en la adjudicación de responsabilidades por fallas en esos proyectos ya iniciados.
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