Con un nuevo caso de un juez imputado de guiar en estado de embriaguez--amén de cierto proceder que raya en la obstrucción de la justicia--el Poder Judicial puertorriqueño enfrenta otro reto a su credibilidad institucional. Casos recientes de este tenor u otros muy parecidos han dejado un tanto maltrecha la imagen de ecuanimidad e imparcialidad de la judicatura. Ha habido explicaciones poco convincentes y resultados muy desiguales en lo que se refiere al encausamiento de magistrados.
Más allá de «dudas razonables» y otros preciosismos procesales con efecto absolutorio, de ser cierta la conducta por la cual se ha denunciado a este juez, al igual que en otros casos, ello debe dar lugar a un «licenciamiento deshonroso». Hay autorías que, per se, deben ser motivo de sanción, aunque no se pruebe culpabilidad. Porque «inocente» no se es.
Lo he dicho antes: hay que actuar rápidamente y sin paños tibios. No hacerlo es dar margen a un mayor cinismo acerca de nuestras instituciones.
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