Compartir «No ha lugar» a las prácticas fascistoides.

No hace falta mucho estudio jurídico para que el tribunal decrete el interdicto permanente y la inconstitucionalidad de la ordenanza sanjuanera que pretende coartar irrazonablemente la expresión pública, según surge en el caso de los mensajes gráficos acerca de la violencia contra la mujer.  Ni el Derecho ni la conciencia cívica en 2010 admiten otro resultado en el pedido de auxilio de las mujeres ante el atropello del Municipio de San Juan.  En este clima de intolerancia gubernamental hacia la disidencia y la protesta públicas, hace falta que los tribunales, como custodios del orden constitucional, resuelvan, inequívoca y prontamente, los reclamos en defensa de las libertades civiles.