En una serie de decisiones recientes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha debilitado la protección de las advertencias de Miranda a los sospechosos de delito. El conservadurismo y derechismo que caracteriza a ese foro desde hace tiempo ha ido minando la fuerza de ese dictamen de 1966 que puso fin a prácticas policiacas abusivas que resultaban en admisiones y confesiones injustamente obtenidas, como base para condenas judiciales. En algunos casos se han validado versiones confusas o incompletas de las advertencias. Ahora, se llega al absurdo de requerir que, para invocar el derecho a permanecer en silencio, se exija que la persona hable para reclamarlo afirmativamente.
Es de significar que la juez Sotomayor ha discrepado de este despropósito, rehusando unirse a la mayoría en tan disparatada decisión.
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