Se perfila como muy interesante la controversia jurídica entre el detective privado y la familia Cacho, por su anunciado libro acerca del caso Lorenzo. Por un lado, ellos reclaman confidencialidad, a base del contrato por sus servicios y la ley que regula la profesión. Por otro, él reclama tener derecho a divulgar cosas descubiertas durante su investigación, que uno presume no le fueron confiadas a él por los Cacho.
Sin haber estudiado el asunto, me atrevo a opinar que lo que la ley prohíbe es que se dé a conocer algo que pueda lesionar la intimidad de una parte. No creo que la intención del estatuto pueda ser impedir que, si un detective privado averigua quién mató a un niño, se lo tenga que callar porque lo haya hecho en el curso de una investigación encargada por una parte. En todo caso, si los Cacho se sintieran perjudicados por algo dicho en el libro, que demanden al autor.
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