Tienen razón el Departamento de Justicia y el Instituto de Ciencias Forenses en oponerse al descabellado proyecto de la representante López de Arrarás, que requeriría una autopsia de todo niño menor de 12 años que muera en el país, independiente de las circunstancias. No hay que ser muy brillante para darse cuenta de lo impráctico que resultaría algo así. Los pacientes pediátricos de cáncer, cuya causa de muerte la llevan en el rostro, también estarían sujetos a esta medida. La joven legisladora, evidentemente conmovida con el caso del niño Lorenzo González Cacho, pretende atender una situación de una forma inmanejable e innecesariamente amplia.
A ella hay que hacerle una «autopsia cerebral»...
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