Ni mandada a hacer. Esa es la oportunidad que tiene el Departamento de Justicia para poner a prueba su flamante entidad a cargo de investigar las violaciones a los derechos civiles que surgen de la comparsa de la Policía en la búsqueda de los dos desertores boricuas. Tal parece que, como se trata de una gestión para apoyar a los federales, los policías se pasaron nuestra Constitución y la Reglas de Procedimiento Criminal por donde no les da sol. Cualquier cosa para complacer a los americanos y no lucir poco "patrióticos."
Así que, manos a la obra. Creo que, aunque, de ordinario, se deba esperar por la presentación de una querella, sería bueno que, en ciertos casos, ese ente investigativo pueda actuar sua sponte. Lo importante es que proceda con celeridad y contundencia. No hacen falta meses ni estudios enjundiosos para determinar si los agentes actuaron sin orden de registro y allanamiento, y en ausencia de las excepciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico.
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