No se puede entender la dificultad para hacer valer el derecho constitucional al acceso a las playas en nuestro país. Parece no haber voluntad en el Poder Ejecutivo ni claridad en el Poder Judicial, al momento de enfrentar reclamos ciudadanos para el disfrute de este patrimonio natural puertorriqueño. Grandes intereses económicos, y alguno que otro particular, instalan barreras y verjas de todas clases en nuestros litorales, para encastillarse en recintos de exclusividad y privilegio.
Las agencias gubernamentales y los tribunales tienen que actuar contundente y rápidamente, para tumbar esas intentonas de aristocracia playera. Darle largas al asunto y poner el peso de la prueba en el ciudadano que quiere darse su chapuzón en la playa es subvertir el verdadero orden jurídico en esta isla, dando más peso al derecho a la propiedad privada que al derecho al disfrute de lo que la naturaleza nos dio a todos los boricuas.
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