No debe haber controversia alguna acerca de que toda la información relacionada con los contratos gubernamentales es pública y debe estar accesible a todos, sobre todo a otros funcionarios públicos que la soliciten, independientemente de con qué propósito. Estas peticiones deben ser atendidas con diligencia razonable, para no dar lugar a que se tenga que acudir a los tribunales para que éstos obliguen a que se cumpla ese deber. Los tribunales deben sancionar fuertemente a quienes, por temeridad nacida del partidismo, den lugar a estas comparecencias innecesarias.
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