Resulta muy interesante, no solo desde el punto de vista jurídico sino político, el pleito que más de 4,000 colombianos han presentado en Estados Unidos contra Chiquita Brands International, bananera norteamericana, a la que se le pide resarcimiento por la muerte de familiares a manos de grupos paramilitares financiados por la empresa. Ésta alega en su defensa que fue extorsionada, por lo que, de haberse negado a contribuir económicamente, le hubiera costado la vida a sus ejecutivos y empleados.
El problema que tiene la demandada es que ya en 2007 tuvo que aceptar responsabilidad por hechos parecidos, y pagar una indemnización de $25 millones, por lo tanto, su credibilidad en este asunto es mínima, si acaso. A ello hay que añadir que la historia no está de su lado. Los americanos acuñaron el término «república bananera», y lo han puesto en práctica hasta la saciedad. Desde los años de la United Fruit, han utilizado el enorme poder económico de estas empresas para comprar, corromper y derrocar gobiernos. De manera que el papel de «víctima» en este contexto no les va.
Nada, que harán otro cheque, y seguirán business as usual.
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