El Secretario de Justicia, nombrado y confirmado bajo el signo de cierto sometimiento político al poder legislativo, ha dado una muestra de independencia de criterio jurídico, al rechazar algunas de las más polémicas enmiendas al Código Penal propuestas por miembros de su partido. Ha tenido mucha razón al señalar que es inaceptable eliminar el delito de enriquecimiento injustificado, pues ello dejaría impune buena parte de la corrupción gubernamental. También es de aplaudir su oposición a que se reduzca la calificación del delito de grave a menos grave en el caso del aprovechamiento ilícito en el servicio público. Igualmente plausible resulta su negativa a avalar el debilitamiento del delito de daños al ambiente, excluyendo ciertas prácticas industriales.
Me parece que, en gran medida, las pretensiones de impunidad para funcionarios o exfuncionarios, así como para la gente del sector privado, han llegado a un nivel de desfachatez, que resultan insostenibles legalmente, a pesar de lealtades o simpatías partidistas. Aunque es posible manipular en algo el Derecho para justificar unos fines, hay propuestas tan inmorales o contrarias al orden público, que, aun reconociendo la amplia discreción legislativa para establecer las normas generales en una sociedad, son indefendibles.
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