domingo, 29 de mayo de 2011

Aquí hay algo que no cuadra.

Llama mucho la atención la lentitud con la que el Poder Judicial atiende el asunto de Roark Annunziato. Constatar si él reveló su condena en la jurisdicción federal en un documento en el expediente en poder del Tribunal Supremo no debe tomar más de unos minutos. Se hace difícil entender por qué el Tribunal no actuó de inmediato, sua sponte, a base de su «poder inherente» para reglamentar la abogacía e investigó la alegación, una vez el asunto se convirtió en una controversia pública. Sorprende además que se le reconozca al abogado un poder de veto sobre la divulgación de una información de interés público, como es si cumplió con su deber de informar sus antecedentes penales como parte del proceso de licenciamiento como abogado. La impresión que se ha dejado en el país es que, de no haberse producido la solicitud de la prensa, el Supremo no habría investigado el asunto. Parece extraño que ahora haya que esperar a que la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía «certifique» si esa información obra en el expediente del abogado, una gestión que el Supremo en pleno puede hacer sin dilación alguna.

Esto no es ciencia infusa. Si esa información no fue brindada oportunamente, tiene que haber consecuencias para el abogado. Si lo fue, entonces, la Comisión habrá dado -- y ahora tendrá que reiterar --  una explicación de por qué recomendó que se admitiera a la profesión a una persona con esos antecedentes. Resulta significativo que el ahora abogado hizo alegación de culpabilidad por el delito de omitir declarar a sus supervisores lo incautado en un operativo cuando era agente del Servicio de Seguridad Nacional, Inmigración y Aduana de Estados Unidos. Ante ello, uno supone que la Comisión de Reputación debió sopesar ese dato con mucho detenimiento, antes de dar su aval a la admisión del aspirante. Ciertamente, sería interesante conocer el razonamiento que los llevó a certificarle al Supremo que él cumplía con los estándares mínimos necesarios para ser admitido como abogado.

Quizá esos estándares son demasiado mínimos...

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