La lucha contra el gasoducto, en su vertiente jurídica, parece haber sufrido un traspiés, con la remoción del expediente de la oficina en Puerto Rico del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para llevarlo a la de Florida. (Pongo por delante, por supuesto, mi rechazo categórico a la injerencia de ese país en las cosas nuestras.) Los abogados que representan a las comunidades y grupos que se oponen al proyecto ven con recelo este movimiento desusado, que podría presagiar un resultado adverso para su causa. De inmediato, ello supone unas dificultades prácticas para continuar litigando este asunto en los foros administrativos, dada la distancia y los costos de trasladarse allá.
Por supuesto, así es el coloniaje. Los que mandan son ellos, y las cosas son a conveniencia suya. La maldita jurisdicción federal se extiende cada vez más, y los puertorriqueños estamos al arbitrio y el capricho de los burócratas americanos, ante quienes hay que suplicar que se nos haga justicia. Éste es un ejemplo de cómo, dentro de un estado de derecho, es posible manipular las normas y los procesos para inclinar la balanza y lograr el resultado que se quiere.
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