Cuando leí por primera vez acerca del asesinato del cura puertorriqueño en Perú, me dio un olor a «chamusquín», pues no se vive en vano. Lo que se publica hoy es congruente con lo que sospechamos todos los que no somos ingenuos. La revelación del Arzobispado de San Juan pone, una vez más, sobre el tapete lo inadecuado que resultan las prácticas de la Iglesia Católica ante los abusos sexuales cometidos por su clero. Para gente que se pasa predicando que hay que confesar los pecados, la alta jerarquía católica es criminalmente renuente a reconocer los suyos, prefiriendo el disimulo y los tapujos. Por ejemplo, se dice, como la gran cosa, que, luego de suspenderlo aquí de sus funciones sacerdotales, se publicó en el periódico El Visitante, mas, se ocultó el motivo de la suspensión. Se alega además que se notificó a Lima, cosa que allá se niega. Pero, hombre, no estamos en la época del Virreinato, cuando las comunicaciones eran inciertas y lentas. Una cosa como ésta no se deja así en el aire, sin procurar la certeza de que el dictamen puertorriqueño sea conocido en Perú. Amén de que ¿no es la Iglesia una sola jurisdicción y, por lo tanto, otros territorios le deben «entera fe y crédito» a lo que se obra en otra parte?
Este episodio apunta al desinterés con el que la Iglesia ha tratado el asunto tradicionalmente. En este caso, se llenó el expediente...pero no se hizo mucho más que eso.
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