La estrategia de acusar al acusador; de impugnar sus motivos y cuestionar su proceder es tan antigua como la abogacía misma. Por eso, a nadie debe sorprender la ofensiva montada desde el principio por parte de los abogados que asesoran a la familia Cacho, en espera de posibles acusaciones en su contra por la muerte del niño Lorenzo. De ahí que la abuela del niño, aunque citada como testigo, reclamara el «derecho» de estar asistida por abogado, un planteamiento claramente inmeritorio. A menos, claro está, que ella tema incriminarse al contestar las preguntas del Ministerio Público. Pero, de ordinario, un testigo no tiene derecho a tener un abogado presente cuando presta declaración.
Otros que han tomado la ofensiva son los abogados del empresario al que se le imputa haber sobornado al senador Martínez. Éstos quieren que se les entregue una lista de las personas que han visitado la Oficina del Fiscal Especial Independiente, para confirmar si unos agentes federales y otras personas están entre ellas. La petición es parte de un plan evidente de poner a las autoridades a la defensiva, a justificar cada paso que dan y retrasar el proceso, mientras se consiguen otros objetivos, entre ellos, que la opinión pública perciba que los acusados son «víctimas» de arbitrariedades y persecución por parte del Estado, para que, en su día, el jurado les pueda ser favorable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario