Espero que el Estado reconsidere la anunciada intención de denunciar a Rafael Feliciano por violar la ley que prohíbe la entrada de personas extrañas a los predios escolares, pues sería un atropello. Feliciano es un maestro del sistema de instrucción pública y, descertificación aparte, quiérase o no, es un dirigente magisterial, que acude a ese plantel en la gestión legítima de "mediar" en la controversia protagonizada por un maestro. De manera que, ciertamente, no es la persona que tuvo en mente el legislador al aprobar este estatuto.
Me parece que todo esto es parte de una faena contra Feliciano, por su combatividad a favor de sus representados. Acusarlo en este caso sería manifiestamente injusto y un mal ejemplo a los mismos estudiantes que se quiere proteger, pues sería una muestra de falta de criterio en la aplicación de las leyes.
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