El actual desastre ambiental en nuestras costas pone de manifiesto la necesidad de la legislación penal contra la contaminación, tan combatida por ciertos sectores económicos hace dos o tres años. Ahora se ve que hace falta "mano dura" contra los que dañan, dolosa o negligentemente, la naturaleza que sostiene a los seres vivientes. La respuesta del Estado a este derrame de combustible de grandes proporciones no puede ser meramente de naturaleza civil, con indemnizaciones más o menos cuantiosas, sino que debe aparejar el castigo severo del derecho penal.
La ocasión es propicia para que atendamos con más rigor los muchos otros delitos ambientales que ocurren cotidianamente en nuestro país, fijando responsabilidad penal por ellos. Los delitos de estrago, envenenamiento de las aguas de uso público, contaminación ambiental y contaminación ambiental agravada no pueden ser letra muerta. En ello nos va la vida.
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