La tesis jurídica del Gobierno de Puerto Rico acerca del acceso a los documentos relacionados con la reestructuración y renegociación de la deuda pública tiene el efecto neto de convertirlos en secreto de Estado. Mediante la ingeniosa combinación del privilegio entre abogado y cliente y el privilegio ejecutivo, el gobierno reclama que los documentos no son públicos. Se alega que, por un lado, los documentos redactados por los abogados que intervienen en este proceso gozan de la bien reconocida y legítima confidencialidad entre un abogado y su cliente, y por otra parte, los documentos preparados por los asesores y consultores que participan en este asunto están cobijados por la confidencialidad de ciertas gestiones del Poder Ejecutivo, doctrina también legítima.
El problema es que el efecto de esa combinación es negarle a la oposición política y al resto del país la oportunidad de escudriñar una gestión que, a todas luces, es pública, un resultado que es contrario a, cuando menos, el espíritu de la Constitución y el imperio de la ley. Me parece una aplicación aviesamente errónea de los privilegios aludidos, para lograr el propósito ilegítimo de negociar a espaldas del pueblo y presentar unos acuerdos como hechos consumados. La distinción que hay que hacer es que aquí las partes no son personas particulares, porque el cliente a nombre de quien se negocia es el Pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, lo que se admite legítimamente entre partes privadas no puede aplicarse mecánicamente a una negociación en que el Estado es parte.
Lo público no se puede manejar en «cuartos oscuros», no importa lo bien decorados que estén.
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