Como se sabe, desde hace bastante tiempo se libra una guerra sin cuartel contra los delincuentes sexuales, sobre todo los violadores y los pederastas. Parte de esa cruzada consiste en el registro de los condenados por esos delitos, y formas de seguir su rastro, aun mucho después de haber cumplido sentencias de reclusión. La tesis es que estas personas son siempre peligrosas, hay que saber dónde están, y sus vecinos deben conocer sus antecedentes, para no confiarse demasiado.
Pero, hay comunidades que han ido más lejos, aprobando ordenanzas que restringen las zonas donde los ofensores sexuales pueden vivir. Los tribunales han decidido que, con ello, han ido demasiado lejos. El Tribunal Supremo de Massachusetts ha dictaminado que una ciudad no tiene autoridad para aprobar esa clase de ordenanza, pues ese tipo de limitación solo le compete al estado. Esta decisión es parte de una reacción judicial adversa a las medidas punitivas que resultan persecutorias de estos individuos, y que, en efecto, los condenan al ostracismo de por vida, negándoles una oportunidad razonable de llevar a cabo una vida normal.
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