Una ley recién aprobada pone de manifiesto el problema de la redacción jurídica -- en este caso, administrativa -- en este país. En la exposición de motivos de la Ley 47-2015 de 31 de marzo, se lee: «...resulta muy difícil para el ciudadano común comprender el lenguaje técnico-legal con el cual se redactan o enmiendan los reglamentos públicos». Habida cuenta de ello, la ley dispone que toda regla o reglamento contenga «una explicación breve y concisa de sus propósitos o de las razones para su adopción o enmienda que incluya un resumen ejecutivo disponiendo de forma clara y precisa el propósito, la justificación y los costos y beneficios de la reglamentación propuesta».
Pues, les deseo suerte. Porque vivimos en un país en el que muy pocos saben explicar algo breve y concisamente, resumir, y expresarse de forma clara y precisa. Empezando por los legisladores, quienes debieron aprovechar esta ley para incluir la redacción legislativa, que bastante deficiente es. No hablemos de la judicial, que tampoco es modelo de redacción jurídica ni de escritura en general.
Así que esta ley será «letra muerta». Quizá se cumpla en algo su letra, pero difícilmente se cumplirá su espíritu.
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