Dentro de la realidad colonial que tantos niegan o disimulan, siempre surgen muestras inequívocas de nuestra subordinación política a Estados Unidos. En el contexto jurídico, continuamente vemos la injerencia del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en todos los aspectos de la vida puertorriqueña. Integrado en su inmensa mayoría por jueces cuya lealtad primera es a esa nación, ellos se gozan de ejercer su poder para estrujárselo en la cara al Gobierno de Puerto Rico. Como cuestión de realidad, ese tribunal de distrito manda más que todo nuestro gobierno, incluidos los tres poderes públicos en sus más altos niveles jerárquicos.
El juez Gustavo Gelpí, de rancio abolengo asimilista, acaba de embargarle $9.4 millones al Departamento de Salud para el pago de una deuda a unas instalaciones de salud privadas. El juez Francisco Besosa, de ese mismo tribunal yanqui, ha reabierto un pleito sobre la atención médica a pacientes de salud mental. Con ambos dictámenes, estos jueces ponen en jaque al Gobierno de Puerto Rico en momentos de una gran vulnerabilidad presupuestaria, y como en otros casos parecidos, es de esperar que esa situación se agrave con las millonarias multas que a los jueces federales les encanta ponerles a los gobiernos puertorriqueños, cuando ellos consideran que no se cumple con sus dictámenes.
Como puede verse, el tribunal americano en Puerto Rico no es otra cosa que un elemento de dominación colonial.
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