El 13 de la buena suerte

El número 13 ha sido de buena suerte para Abdul Rahman Shalabi, pues a los americanos les ha tomado trece años decidir soltarlo de su prisión en Guantánamo, donde ha estado todo ese tiempo sin haber sido acusado formalmente de nada. Bastó que alguien dijera que Abdul era guardaespaldas de Osama Bin Laden, para que los defensores de los derechos humanos por excelencia lo guardaran todos estos años. Recuerde el lector que la posición oficial del Gobierno de Estados Unidos es que en Guantánamo no aplica su Constitución ni esa minucia que es el Derecho Internacional. Allí se hace la  suprema voluntad de los generalotes americanos, y ni Obama ha logrado cumplir su promesa de cerrar ese bastión de la ilegalidad y la inhumanidad.

De todas formas, a Abdul Rahman Shalabi le ha ido mejor que a Oscar López Rivera, quien ya va por 34 años como prisionero político del imperialismo yanqui.

Una «falta técnica»

Aquí se escribe alocadamente, sin orden ni concierto, usando cualquier palabra que, más o menos, parezca que tenga alguna relación con lo que queremos decir. ¿Lo dudan? Pues, vean lo siguiente.

La crónica deportiva nos dice: «Comienza la trilogía», refiriéndose a la serie semifinal del torneo del Baloncesto Superior Nacional. Por supuesto que el disparate es de raíz, pues «trilogía» tiene un significado exclusivamente literario. Pero, es que ni siquiera cabe aquí en sentido figurado, pues de lo que se trata es de que hay dos equipos que se enfrentan por tercer año consecutivo. Evidentemente, el titulista cree que todo lo que se da en grupos de tres es una «trilogía». En todo caso, aceptando su idea equivocada, debió escribir «Se completa la trilogía».

Derechos [in]humanos

El viejo truco del Estado cometer delitos para achacárselos a grupos opositores -- sobre todo, armados --  del gobierno se ha hecho presente en Colombia, de acuerdo con una investigación realizada por la organización Human Rights Watch. Se responsabiliza a altos mandos militares del ejército colombiano -- sí, ese custodio de la democracia -- de saber o deber haber sabido que ciertas matanzas de civiles ocurridas entre 2002 y 2008 -- de algunas 3,000 personas --  eran de la autoría de las propias fuerzas armadas, con el fin de adjudicárselas a las demonizadas FARC.

Pónganle el sello que detrás de esta patraña está la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues este tipo de libreto es de hechura típica de los americanos. Tampoco pasen por alto que Colombia se pasa dando cátedra de buen gobierno, democracia y respeto de los derechos humanos a su vecina Venezuela.

Matrimonio homosexual

Ahora que estamos en el tema de la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, aprovechemos para llamar las cosas por su nombre, rechazar los circunloquios, eufemismos y préstamos léxicos innecesarios. Se trata del matrimonio homosexual. No hace falta decir «entre personas del mismo sexo». Tampoco gay. «Homosexual» no es un insulto; es una realidad. No hay por qué disfrazarla o encubrirla con frases eufemísticas o conceptos de otras culturas, que ni sentido tienen en la nuestra. La palabra «homosexual» incluye a hombres y a mujeres con esa inclinación erótica.

Usémosla sin miedo ni falso pudor.

Una decisión justa y necesaria

Ya saben cuál es el tema obligado de hoy. Pongo por delante mi rechazo a la condición colonial que hace que ese dictamen judicial sea aplicable a este país. Hubiera querido que lo resolviéramos nosotros los puertorriqueños.

Poniendo eso a un lado, celebro la decisión como un paso de avance importante para todos los que creemos en la esencial igualdad de los seres humanos. Los homosexuales no son menos ni merecen menos que los heterosexuales. Así de sencillo es. No se les puede negar el derecho a culminar su amor con el matrimonio.

El derecho a la intimidad y el principio de que la dignidad del ser humano es inviolable, consignados explícitamente en nuestra Constitución, y tácitamente en la de Estados Unidos y otras naciones, no admite ese discrimen que ahora acaba.

Un infame delito contra el español

Leo en la prensa: «Inicia proceso contra 'sodomizador' de Toa Alta». ¡Horror! No solo por el delito contra un menor de edad, sino por el uso de esa palabra inventada. El término correcto, conocido de toda la vida, es sodomita. Si bien el verbo es «sodomizar», sodomizador no existe.

Curiosamente, el vocablo «sodomita», además de significar el gentilicio de origen bíblico que todos conocemos, tenía la acepción de «que comete sodomía», la cual implicaba la naturaleza delictiva del acto. Pero, ahora, la definición ha sido enmendada para que en ella se lea «que practica la sodomía», reflejando una visión más amplia y correcta de esa práctica sexual, que, en ausencia de elementos de coacción o vicios del consentimiento de un participante, no es ni debe ser ilegal.

Por ahí van los tiros

Haciendo honor al concepto «pueblos de vaqueros», los alcaldes de Cataño, Corozal y Toa Alta se fueron a disparar al Polígono de la Policía sin licencia para ello, con el visto bueno de la Policía Municipal de Cataño. La excusa de la policía catañesa es que los iban a «certificar» para que pudieran optar por la licencia, es decir, que primero se aprende a disparar y luego se saca la licencia para hacerlo. Pero, esa tesis no parece tener fundamento en la Ley de Armas.

Ocurre que el alcalde de Cataño sí tiene licencia, y quiso lucir sus habilidades pistolísticas frente a sus colegas, sintiéndose protegido por el sheriff  de su pueblo. Ahora los otros dos alcaldes enfrentan una investigación por estos tiros locos.

¿Equívoco?

Es posible que el titulista lo haya hecho adrede. El titular de prensa «Donahue responde a los acreedores» es un equívoco. La noticia informa que Lisa Donahue, la mandamás de facto en la Autoridad de Energía Eléctrica, va a contestar la propuesta -- que tiene mucho de exigencia -- de los bonistas de la AEE. Pero, sucede que, por el uso, más que por su significado estricto, «responder» es rendir cuentas o deberse a alguien. De ahí el posible doble sentido del titular. De Donahue se sospecha que es una agente de los bonistas que ha venido al país a velar por los intereses de ellos.

Sea como sea, cuando leí el titular, pensé que le habían quitado la careta a la Donahue. 

Díganme algo nuevo

Eso ya lo sabíamos. Amnistía Internacional ha señalado lo obvio: los 50 estados de Estados Unidos incumplen las normas sobre el uso de la fuerza letal en su trabajo. Peor aun, muchos ni siquiera tienen normas al respecto. De ahí que sea «temporada de caza» todo el año, sobre todo si la «presa» es negra. Prueba al canto: en lo que va de año, la policía en Estados Unidos ha matado a 522 individuos. Los negros constituyen el doble de los blancos que estaban desarmados cuando la policía los mató.

Así que no nos sorprendamos con la frecuencia con la que los policías -- casi siempre blancos -- matan a un negro -- casi siempre «sospechoso» de delito -- en esa atalaya de decencia y derechos humanos, "with liberty and justice for all", que es Estados Unidos de América.

Graduados de «burros»

«UPR Carolina celebra su graduación más grande en su 40 aniversario». ¡Qué buena ocasión... para enseñar que se dice «cuadragésimo aniversario»! Pero, como siempre, la prensa y otros medios de comunicación optan por hacerse partícipes de la ignorancia general de este país. En vez de educar con el buen ejemplo, tememos expresarnos correctamente, como si con ello hiciéramos el ridículo o nos arriesgáramos a que no se nos entienda.

Así se perpetúa la mediocridad.

El gobierno de los jueces federales

Dentro de la realidad colonial que tantos niegan o disimulan, siempre surgen muestras inequívocas de nuestra subordinación política a Estados Unidos. En el contexto jurídico, continuamente vemos la injerencia del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en todos los aspectos de la vida puertorriqueña. Integrado en su inmensa mayoría por jueces cuya lealtad primera es a esa nación, ellos se gozan de ejercer su poder para estrujárselo en la cara al Gobierno de Puerto Rico. Como cuestión de realidad, ese tribunal de distrito manda más que todo nuestro gobierno, incluidos los tres poderes públicos en sus más altos niveles jerárquicos.

El juez Gustavo Gelpí, de rancio abolengo asimilista, acaba de embargarle $9.4 millones al Departamento de Salud para el pago de una deuda a unas instalaciones de salud privadas. El juez Francisco Besosa, de ese mismo tribunal yanqui, ha reabierto un pleito sobre la atención médica a pacientes de salud mental. Con ambos dictámenes, estos jueces ponen en jaque al Gobierno de Puerto Rico en momentos de una gran vulnerabilidad presupuestaria, y como en otros casos parecidos, es de esperar que esa situación se agrave con las millonarias multas que a los jueces federales les encanta ponerles a los gobiernos puertorriqueños, cuando ellos consideran que no se cumple con sus dictámenes.

Como puede verse, el tribunal americano en Puerto Rico no es otra cosa que un elemento de dominación colonial.

Pensamiento incompleto

La expresión incompleta o trunca es el pan nuestro de cada día en esta ínsula. Se le atribuye al Presidente de la Cámara de Representantes esta lindeza: «Estamos trabajando para que tengan una cantidad que puedan seguir operando». Imagínese el lector un país en el que un alto funcionario se expresa así.

Y luego el periódico no le hace el favor de corregirlo, no sabemos si por descuido, desidia o ignorancia, que tampoco se puede descartar. Suplirle «con la» no alteraba el mensaje ni podía objetarse; todo lo contrario. Tanta preocupación con la educación en el país, y el periódico publica estos errores, contribuyendo a perpetuar las incorrecciones. Lo menos que debieron hacer fue poner «(sic)», para señalar que citan el error a sabiendas.

Un pinche sheriff

De vez en cuando, los tribunales actúan con sentido común, y aplican normas que contribuyen a adelantar la causa de la justicia. En Arizona -- que en muchos sentidos es «territorio apache» -- un juez federal ha decidido admitir como cierta la determinación de otro tribunal de que el notorio comisario Joe Arpaio practica el racial profiling contra los latinos, es decir, que los tiene siempre en la mira como sospechosos de delito.

De esta manera, el tribunal toma conocimiento judicial de ese pronunciamiento, y, como una medida de economía procesal, hace innecesario pasar prueba a esos efectos. En este caso, la mala fama de Arpaio, un redneck con placa, es de conocimiento general, pues él  se jacta de ello públicamente.

Imbecilidad funcional

El afán por los eufemismos, para evitar «ofender» a ciertos grupos que algunos consideran muy susceptibles a sentirse insultados o menospreciados por el uso de las palabras que los describen tradicionalmente, parece no tener límite. Lo cierto es que hay que quitarse el sombrero ante el ingenio y la inventiva de quienes acuñan estos términos. Veamos un ejemplo reciente.

El pasado 10 de abril se aprobó la Ley 50 para declarar el viernes de la segunda semana de septiembre como el «Día del Empleado con Diversidad Funcional». Así como lo lee. En un mundo en que ya no hay ciegos, paralíticos ni retardados mentales,  ahora tampoco hay personas con impedimentos -- que sustituyeron a las impedidas -- sino con «diversidad funcional». ¡Hombre, pero si esos somos todos, pues, cada uno funciona de acuerdo con su inteligencia y capacidad!

Lo triste es que quienes formulan estos engendros lingüísticos lo hacen de la mejor buena fe, convencidos de que hacen una obra de caridad o algo así con la pobre gente que padece de alguna condición física o mental.

Sin privilegios

Pongo por delante que viví muchos años en un condominio, y ahora llevo casi treinta años en una urbanización con acceso controlado. No obstante, no me gusta el proyecto de ley que exime a las asociaciones de condóminos y a las de residentes del pago del impuesto sobre ventas y uso y del impuesto al valor añadido. Es una medida que rezuma un clasismo o elitismo que rechazo vehementemente. Si hay que pagar un aumento de la cuota de mantenimiento, que así sea.

Las exenciones no deben ser bien vistas en una democracia, en una sociedad igualitaria, donde debe imperar la norma de la igual protección de las leyes, donde no debe haber privilegios por clases sociales ni económicas. Todos debemos ajustarnos a la realidad del país, y sacrificar nuestra comodidad por el bien común. No hay razón válida alguna para eximir a estos grupos del pago de estos arbitrios o impuestos. La pesca de votos no la es.

¡Qué ilusos!

Una ley recién aprobada pone de manifiesto el problema de la redacción jurídica -- en este caso, administrativa -- en este país. En la exposición de motivos de la Ley 47-2015 de 31 de marzo, se lee: «...resulta muy difícil para el ciudadano común comprender el lenguaje técnico-legal con el cual se redactan o enmiendan los reglamentos públicos». Habida cuenta de ello, la ley dispone que toda regla o reglamento contenga «una explicación breve y concisa de sus propósitos o de las razones para su adopción o enmienda que incluya un resumen ejecutivo disponiendo  de forma clara y precisa el propósito, la justificación y los costos y beneficios de la reglamentación propuesta».

Pues, les deseo suerte. Porque vivimos en un país en el que muy pocos saben explicar algo breve y concisamente, resumir, y expresarse de forma clara y precisa. Empezando por los legisladores, quienes debieron aprovechar esta ley para incluir la redacción legislativa, que bastante deficiente es. No hablemos de la judicial, que tampoco es modelo de redacción jurídica ni de escritura en general.

Así que esta ley será «letra muerta». Quizá se cumpla en algo su letra, pero difícilmente se cumplirá su espíritu.

¡A responder todo el mundo!

Me parece bien que la Cámara de Representantes le haya puesto un detente a las pretensiones de inmunidad de la Presidenta del Banco Gubernamental de Fomento y sus adláteres, por sus actos oficiales. La inmunidad  no es bien vista en una democracia y un gobierno de leyes, no de hombres... o mujeres, en este caso. Los funcionarios tienen que responder por sus actos; lo otro son resabios de la realeza, ejemplificado por aquella máxima de que "The King can do no wrong" y otras pamplinas de la inmunidad soberana, inmunidad legislativa, inmunidad judicial y privilegio ejecutivo, detrás de las que se esconden los moralmente cobardes o profesionalmente ineptos.

«El que tenga miedo que se compre un perro».

No es una cuestión de umbral

He aquí otro ejemplo de un uso del sentido figurado que no corresponde. En editorial publicado hoy se lee: «En el umbral de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita su decisión fundamental sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo...». Todos sabemos lo que es el umbral, como parte inferior de una entrada o puerta de una casa. En sentido figurado, es el primer paso hacia algo.

Pero, aquí se trata de otra cosa. El caso está sometido, y el Tribunal lo va a decidir próximamente, o sea, es una cuestión de tiempo, no de lugar ni de iniciar un proceso. Lo que el editorialista ha debido decir es que estamos en la víspera de la decisión, bien sea porque se vaya a producir mañana o dentro de pocos días.

Una lección desde Irán

Tanto que Estados Unidos critica y ataca a Irán por todo, y ese país ha tenido el valor de hacer lo que los americanos no se han atrevido a hacer: meter presos por corrupción a miembros de la cúpula gobernante pasada. Dos exvicepresidentes han caído en la redada.

Mientras tanto, gente como Dick Cheney y Donald Rumsfeld, con sus manos manchadas de sangre por crímenes de guerra y sus bolsillos llenos de billetes mal habidos por enriquecimiento ilícito en Afganistán en Irak, campean por sus respetos.

Como he dicho tantas veces antes, los americanos no tienen fuerza moral para dar lecciones de democracia, derechos humanos ni honradez gubernamental a nadie.

Cuentas claras

Hay que evitar los equívocos, es decir, las expresiones que suscitan dudas. El titular «Tribunales rechaza deuda con la AEP» no es del todo feliz. Lo mejor hubiera sido decir «no acepta, no admite» o «niega». También pudo haberse dicho «rechaza tener». «Rechazar» tiene la connotación de que se resiste; lo cual, en este caso, podría tomarse como una falta de disposición a pagar la deuda, cuando lo que ocurre es que la deudora alega que la deuda es mucho menor que lo que se le reclama. Por lo tanto, lo que verdaeramente debió decirse fue «Tribunales rechaza el monto de la deuda con la AEP».

Yerba buena

Louisiana se encamina a sumarse al creciente número de jurisdicciones de Estados Unidos y del resto del mundo que han aprobado el uso de la mariguana con propósitos medicinales. Su legislatura tramita un proyecto de ley que atiende el aspecto de la distribución de «la yerba», pues el mes pasado se había aprobado su uso terapéutico. Obviamente, tiene que haber controles en el suplido, para evitar que se desvirtúe  el propósito con el cual se realiza este cambio.

De forma parecida al reclamo a favor del matrimonio homosexual, el uso medicinal de la mariguana se impone a los prejuicios de antaño y al moralismo rancio. La ciencia avanza, y nos señala el camino hacia un futuro más esclarecido, en el cual el ser humano aproveche plenamente los medios materiales que tiene disponibles, para aliviar el dolor y el sufrimiento inherentes a la condición humana aquejada por la enfermedad.

Afortunadamente, Puerto Rico ya se ha puesto en ese camino.

Los incapaces

Se le atribuye a un tal Dante Disparte, uno de los tantos expertos que meten la cuchara en el lío financiero puertorriqueño, decir: «Washington le ha quitado al gobierno de Puerto Rico la habilidad para negociar con esta gente». (Dejemos a un lado que Washington nos lo quitó todo desde 1898.) A menos que este Dante sepa español, lo citado debe ser una traducción.

Equivocada, por cierto, en lo resaltado. Si bien en inglés ability significa tener los medios o la destreza para hacer algo, en español, «habilidad» se refiere más que todo a la destreza o la gracia con la que se hace algo. En el contexto que se comenta, se trata realmente de capacidad, bien sea jurídica o de obrar, pues ninguna tiene ni nunca ha tenido el gobierno de Puerto Rico, que no le reconozca el de Estados Unidos, su amo y señor.

Los puertorriqueños tenemos la habilidad de negociar; lo que no tenemos es la capacidad de hacerlo.

¡Es un asunto político, estúpido!

El Derecho es como un buen supermercado o una gran tienda por departamentos: hay de todo para todos los gustos. Abogados y jueces tienen a su disposición innumerables doctrinas, principios, recursos y tesis para llegar a la solución a la que quieren llegar. Y cuando no encuentran una, la formulan y la adoptan. Algo «es así» hasta que se dice que «no es así».

Todo esto viene a cuento por lo que se publica acerca de las opiniones de unos jueces federales aquí en Puerto Rico y en otras jurisdicciones territoriales de Estados Unidos en casos relacionados con la situación jurídica de quienes vivimos en ellos. Dichas opiniones son parte de una larga, enrevesada y contradictoria historia de pronunciamientos judiciales sobre lo que es, esencialmente, un asunto político que no se va a resolver nunca de manera definitiva en un tribunal.

El foro para atender el problema colonial de Puerto Rico está donde siempre ha estado: en el Congreso de Estados Unidos. Ningún juez federal, por más malletazos que dé en su enajenación ideológica, va a cambiar eso.

Deprimente

La pobreza conceptual y léxica de nuestra gente, incluidos los profesionales, es alarmante. Ayer, en un noticiario televisivo, el fiscal a cargo del caso del hombre que mató con su vehículo al jugador de baloncesto y su hijo dijo que al imputado le habían ocupado unos medicamentos «deprimentes».

Lo verdaderamente deprimente es que el Ministerio Público esté representado por alguien que diga tamaño disparate. El joven fiscal parece que desconoce la palabra antidepresivo. De paso, para este u otro caso, le recomiendo el término ansiolítico, por si le hace falta para referirse a alguna prueba pertinente.

Quizá hasta deba tomarse uno, para calmarse y no desbarrar.

Una "penalty" para USA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, tan diligente en este caso de los sobornos de la FIFA, debería sacar un ratito para atender de manera responsable y definitiva los casos de Santiago Mari Pesquera y Carlos Muñiz Varela, dos asesinatos políticos sobre los cuales lo saben todo y nunca han querido decir nada constructivo.

Está bien que se ocupen de las trampas en el balompié internacional, pero ello palidece junto a estos dos crímenes tan viejos y encubiertos por el propio Estado americano. Resulta una gran hipocresía y un trastoque de valores perseguir con tanto denuedo lo que, en última instancia, es una pendejada jurídica, mientras se continúa ocultando la monstruosa verdad en estos dos casos.

Pero, así es la «justicia» yanqui.

El antipático «antipasado»

Los boricuas -- sorprendentemente, hasta los más y mejores instruidos -- incurrimos en ciertos errores gramaticales y lingüísticos con regularidad. Ahí tenemos el uso frecuente de antipasado, por antepasado. Curiosamente, como me ha señalado mi esposa -- que solo es boricua por afinidad -- quienes cometen este desliz no se corrigen cuando escuchan la forma correcta. Parecería que, como hubiera dicho mi madre, tienen el error tan «metido entre cuero y carne», que son ciegos y sordos a lo correcto.

Una pena que personas distinguidas y letradas no puedan superar esta falta que asociamos con los que tienen poca escuela.

No maldigamos la oscuridad

La administración del Poder Judicial puertorriqueño anda loca y sin idea acerca de lo que puede hacer para conjurar la crisis presupuestaria que enfrenta como parte de la del resto del Estado. Cierran salas municipales del Tribunal de Primera Instancia, pero parece que el ahorro es insuficiente. Ahora hablan de cerrar otras salas fuera de los centros judiciales regionales, limitando la operación de los tribunales a los que están ubicados en ellos. El lamento es que con todo esto se limita el «acceso a la justicia». La tesis es que, si el ciudadano no tiene un tribunal «muy cerca de usted», no tendrá justicia, o se le hará oneroso obtenerla.

Quaere.

Creo que con los tribunales pasó lo mismo que con los municipios y los colegios regionales: todo el mundo quería tener uno al pie de casa. Hay tribunales demás, con un volumen de casos que no justifica su existencia. El mundo no se va a caer, si hay que ir a las cabeceras de distrito a litigar un asunto. Lo que hay que hacer es limitar los «casos y controversias» que se atienden en los tribunales.

¿Qué ha pasado con la ley de foros informales de 1983? Estos centros de mediación iban dirigidos a «la pronta resolución de determinados asuntos de naturaleza civil o criminal de manera informal, sencilla y sin la utilización de procedimientos adversativos». O sea, sin jueces ni abogados.

¿Qué ha pasado con la ley de asuntos no contenciosos ante notario de 1999? ¿Se le ha prestado el interés y se le ha brindado el apoyo institucional para que rindiera el fruto de descongestionar los tribunales de asuntos como declaratorias de herederos, cambios de nombre y correcciones de actas en el Registro Demográfico?

En fin, ¿se ha hecho el mejor uso del ordenamiento jurídico para reducir la demanda por servicios judiciales?

Mala puntería

Continuamos fallando el tiro lingüístico. La crónica deportiva incurre en un error crónico en el país: la falta de concordancia. «Afinan sus cañones el equipo de escopeta olímpica» nos dispara a boca de jarro. Pero, usted y yo sabemos que el sujeto de la oración es «equipo», término colectivo en singular. Por lo tanto, el verbo tiene que ser «afina». Sería distinto, por supuesto, si se dijera «los miembros del equipo», pues, entonces, el verbo sería «afinan».

Es que aquí se dispara a lo loco en el habla y en la escritura.

SS para la SS

La aceptación de parte de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos de que le pagó $20 millones  en beneficios a 133 nazis que eran o habían sido residentes en ese país es una muestra de la complacencia con la que los americanos acogieron muchos criminales de guerra, a partir de 1945. Tan escrupulosos que son con los inmigrantes, cuando quieren serlo, los yanquis sellaron muy fácilmente y sin investigar los papeles de toda esa ralea que salió huyendo de Alemania y otros países colaboracionistas. (Claro, todos eran blancos y de ojos claros.) Las autoridades de Estados Unidos no supieron porque no quisieron saber.

La mejor prueba es la dilatada historia de las investigaciones conducentes a la deportación de estos individuos. Al sistema administrativo y judicial americano le ha tomado décadas decidir estos casos, lo cual le ha permitido a esta gente morir de vieja sin pisar la cárcel o cumplir muy poco tiempo de reclusión.  Y, encima, cobrando su chequecito del Seguro Social. La impunidad al cuadrado.

Y a los braceros latinoamericanos que cruzan el río les ajotan los perros.