La estrategia legal de la Iglesia Católica de Puerto Rico en estos momentos es entendible pero desacertada. Evidentemente, sus abogados -- competentes pero malos consejeros -- la han convencido de que demande al Estado para, ante un fallo adverso, tener la defensa de que el tribunal la obligó a revelar lo que acordaron mantener confidencial. Suena bien, y quizá un juez se lo acepte, pero existe la posibilidad real de que el acuerdo de confidencialidad en estos casos de pedofilia se venga abajo porque, al igual que cualquier otro acuerdo o contrato, no puede ser «ilegal, inmoral, contrario al orden público y a las buenas costumbres». Ciertamente, un acuerdo cuyo efecto sea obstaculizar la justicia sería ilegal, inmoral y contrario al orden público. El deseo de una víctima de permanecer en el anonimato no puede estar por encima del interés apreminate del Estado de identificar y procesar a los pedófilos para evitar que haya otras víctimas.
Con esta movida, la Iglesia da la impresión de escudarse detrás de los acuerdos de confidencialidad para no dar a las autoridades la información pertinente. Alegar que no se le debe obligar a violar el derecho canónico, como si con ello Dios los fuera a castigar, es otro subterfugio.
Lo que Dios no le va a perdonar es que deje de cooperar con la justicia terrenal.
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