La ex jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sandra Day O'Connor, ha levantado críticas porque su activismo político y social choca con su desempeño como juez en tribunales de distrito y de apelaciones federales. Aunque retirada desde 2006, por una de esas anomalías del sistema de gobierno del país, a ella se le permite fungir como juez en esos niveles inferiores de la judicatura, a manera de «juez visitante». Hay quienes cuestionan la constitucionalidad de un arreglo como ése, dado que ella ya no es juez.
Pero, más allá de esta cuestión técnica de derecho, está el asunto de si ella debe ejercer esa función, a la vez que participa muy activamente en la discusión de asuntos públicos. Por un lado, doña Sandra actúa como «abogada» de ciertas causas y, por el otro, continúa en funciones adjudicativas. Es evidente el potencial para conflictos de intereses, además de la incompatibilidad de ambos desempeños en términos de su proyección pública.
Quizá es que la señora no se conforma con un retiro decoroso, y en ella prima un deseo de protagonismo que busca satisfacer. De cualquier modo, debe escoger una cosa o la otra, para evitar lacerar su imagen y, lo que es más importante, la confianza del público en su imparcialidad.
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