Tengo que hacerme eco del reclamo del amigo García San Inocencio de que debe destituirse de sus cargos en juntas directivas gubernamentales al ejecutivo del sector privado que ha admitido haber incurrido en conducta impropia relacionada con donativos políticos. Por supuesto que esa persona no debería dar lugar a ello, pues la renuncia debió darse simultáneamente con la admisión. Pero, parece que eso es esperar mucho de él, luego de que negó varias veces lo que terminó admitiendo. Creo que es precisamente esa contumacia y temeridad lo que, definitivamente, lo descalifica de continuar ostentando la confianza pública que sus nombramientos suponen.
Más allá de los pormenores de este caso, el asunto pone sobre el tapete el peligro, para el bien común y el interés público, de colocar a representantes de grandes intereses económicos en cargos y puestos relacionados con la gestión gubernamental. Estas personas, acostumbradas a desenvolverse en un ambiente en el cual prima el afán de lucro, y todo se compra y se vende, generalmente, no son capaces de desdoblarse en otro papel distinto del de don Dinero. La idea de que hay que meter el supuesto talento empresarial en la cosa pública, para que se tenga el beneficio de toda esa "sabiduría", es, cuando menos, una inocentada o, peor aun, una complicidad que debemos rechazar. Hay que "sacar a los mercaderes del templo", de una buena vez.
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