Resulta trágicamente irónico que quienes se quejan, justamente, de discrimen en nuestro país lo practiquen de una manera tan intensamente cruel en el suyo. La denuncia de la política pública dominicana en relación con los haitianos no es nueva; quizá lo sea el grado al que ha llegado, incluido el rechazo, por inacción, de un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El estado de derecho en ese país - que siempre ha sido muy frágil - no ha sido capaz de superar odios ancestrales, y se ha torcido la legalidad para acomodarla a la xenofobia. Justificar lo que ocurre, a base de una invasión ocurrida hace casi 200 años, desafía la credulidad.
El problema de la inmigración lo comparten muchas naciones. Obviamente, tiene que haber límites razonables a la entrada de extranjeros. El elemento de la ilegalidad es un agravante. Pero, pecaríamos de ingenuos si no reconociéramos que lo que más molesta, en éste y otros casos, es la negritud y la pobreza de los que llegan. Si se tratara de gente blanca y de ojos claros, la recibirían a son de merengue y con una Presidente bien fría.
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