Parece haber cierta renuencia, en algunos círculos judiciales, a poner todo el peso de la ley sobre los culpables de delitos económicos. Sentenciar a seis años de restricción domiciliaria y $26,000 de multa a un funcionario público que aceptó su culpabilidad en 37 cargos de soborno, 16 de influencia indebida y 11 violaciones al Código de Etica Gubernamental que le produjeron al acusado más de $200,000 no equipara los platillos de la balanza de la Justicia. Los delitos económicos son, esencialmente, fríamente calculados. No hay en ellos el arrebato, la pasión o la "súbita pendencia" que puedan atenuar la culpa. Si a ello añadimos que quien los comete aprovecha su cargo o puesto en el servicio público para lucrarse, resulta francamente sorprendente la lenidad de la sentencia.
Me parece que, hasta que estemos dispuestos a condenar severamente a quienes violen las leyes que protegen el patrimonio público, seguirán ocurriendo estos casos, pues son un "buen negocio." La reclusión en una institución penal por un tiempo prolongado es el castigo que representa mejor la valoración social de la conducta en cuestión, la indignación del pueblo por ello y el más eficaz disuasivo para los demás. Cualquier cosa menos es un mero inconveniente para estos desfachatados.
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