No queda muy claro lo ocurrido en la relación entre el Gobierno y DynCorp, luego de las declaraciones del Secretario de Estado. Lo que sí parece cierto es que, en buena medida, el asunto lo ha complicado la maraña corporativa establecida en este caso. Resulta sorprendente que se diga ahora que se hizo negocios con una empresa que no estaba autorizada a hacerlos en esta jurisdicción. Sobre todo porque el Secretario de Estado, quien, a la vez, es el Director de la Autoridad de los Puertos, tiene en su Departamento la División de Corporaciones, en la cual debe figurar esa información.
Me parece que esta experiencia le debe servir de lección al Gobierno, para que sea más escrupuloso, a la hora de acordar o contratar con el sector privado. La legislación corporativa - que tiene su función legítima - puede ser manipulada para establecer esquemas poco claros acerca de quién es responsable y de qué. Las ficciones jurídicas que dan base al mundo corporativo pueden resultar contrarias al interés público en que haya cuentas claras y transparencia. Quizá de esa manera no haya que encargar auditorías de alto vuelo para rescindir contratos de dudosa legalidad y moral pública.
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