La prensa da cuenta de que, casi un año después de haberse iniciado el proceso, está por verse el caso que lleva ARPE contra el representante Jiménez, por tener un rótulo gigante de su campaña, en violación de las normas aplicables. El tiempo transcurrido es, de suyo, insólito, y demuestra la crisis de un sistema de administrar justicia que no puede adjudicar una controversia como ésta en un plazo breve. No hay forma de justificar una tardanza así.
Cualquiera que sea el resultado de la contienda judicial, ya el representante Jiménez triunfó. La lentitud de los tribunales le ha permitido tener el letrero todo este tiempo. Un dictamen judicial tardío, aunque le sea adverso, es prácticamente fútil. Los tribunales no deben dar la impresión de que arrastran los pies en ciertos casos para evitar afectar los intereses de una parte poderosa o prominente.
3 comentarios:
Coincido con tu punto de vista en cuanto a que la justicia tardía no es justicia.
A pesar de los esfuerzos del Tribunal Supremo de agilizar nuestra judicatura, no está resultando del todo. Seguimos con problemas en la administración de la justicia.
Siempre he sido un luchador incansable y crítico férreo contra la laxitud de los empleados públicos. Una gran parte arrastra los pies para mover la rueda que impulsa el País y hasta, a veces, piensan tanto, que el tiempo se va en ese pensamiento banal. Pero no solo los jueces pueden tener la culpa, hasta los abogados son responsables de la inercia jurídica.
A modo de ejemplo, un abogado que llega desganado un lunes a su lugar de trabajo y pasa el día completo contando lo mucho que comió o lo mucho que estuvo en ocio produce un resultado no deseado; deja de impulsar su(s) caso(s) para que el tribunal sea más ágil. Esto es una violación a los Cánones 18, 19 y 39 de los de Etica Profesional.
Peor sería si ese abogado ocioso fuera un empleado gubernamental; afecta la justicia y para colmo se roba el dinero del pueblo al no producir un resultado positivo a su gestión para la cual fue contratado. Canon 39 de Etica Profesional que dispone: "Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable."
Alberto, para mí el sistema debe ser reestructurado desde el cerebro del ser humano; específicamente, en el caso del empleado público y sobre todo de los abogados que laboran como servidores públicos.
La tecnología ni los planes de cesantía escarmientan al abogado vago o funcionario judicial que no se desempeña de forma eficiente y en ánimo de mejorar el sistema gubernamental que nos rige.
Incluso, el fallo de un abogado en cualquier empresa (privada o pública) durante su desempeño no debe pasar impune ante los ojos ético de nuestros supervisores. El abogado, como oficial del tribunal, tiene una responsabilidad que sobrepasa los límites de lo permitido en el lugar del empleo, según he dicho aquí. Es por eso, que si un abogado es despedido de su empleo por razones de su malos oficios, y que no sea un caso fabricado para ocultar un discrimen, sino que ha sido negligente de forma crasa, no debe ostentar la licencia que muchos otros nos ha costado sangre y sudor.
Jaime:
Tienes razón en todo lo que dices, pero la responsabilidad insoslayable y primaria por el control de los calendarios la tienen los jueces. Tienen - y siempre han tenido - la autoridad y los mecanismos para evitar que los casos languidezcan en sus salas.
Lo que pasa es que la actitud de que "el caso le pertenece a las partes" y, por lo tanto, si no lo quieren mover, mejor,no muere fácilmente. Lo que falta es voluntad de parte de la judicatura, para que cosas como "hay que tener deferencias con el compañero" o "mañana no me renominan y tengo que volver al trapicheo en la calle", etc. no sean las que primen en el sistema.
Alberto:
Nuevamente, coincido contigo.
El problema de los señalamientos no sólo es de la secretaría sino de los jueces en su carácter individual y como administradores de sus regiones y de sus sistemas de justicia.
Pero en fin, son empleados públicos. Como tales, padecen del mal de 9:00 AM a 5:00 PM y no existe el compromiso de afanarse y amar su trabajo. Claro, hago la salvedad de que no todos padecen de dicho mal, pero son los menos, aunque nadie lo haya cuantificado. Piensan en su jugoso salario y posiblemente en los días feriados y otros beneficios marginales.
Cuando me entrevistaron para ser juez, que probablemente el Gobernador cuelgue mi solicitud por no tener un padrino o enchufe,luego de haber pasado el calvario agradable de entrevistas por el séquito de profesionales togados, dije y afirmé de que yo sería un juez distinto. Para mí, no existirían los horarios, las partes no serían dueñas de las Reglas de Procedimiento Civil, el respeto y el orden serían reyes de la sala y por último,a pesar de que el salario es bueno, no lo era todo. Le informé al entrevistador que sería esclavo del trabajo, de la justicia y de la objetividad liberal que me caracterizaba, en donde la ley y el orden era un imperio y el juez un mero ejecutador de la misma. Pero como diría Segismundo, si hubiera querido ser juez:
"Sueña el rey que es rey, y vive
con este engaño mandando,
disponiendo y gobernando;
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe,
y en cenizas le convierte
la muerte, ¡desdicha fuerte!
¿Que hay quien intente reinar,
viendo que ha de despertar
en el sueño de la muerte?"
Ves, mi querido amigo, la pereza jurídica estriba por doquier y en la medida que no asistamos a la justicia, su adjudicación no caerá ni en los ciegos, ni en los sordos como tampoco en los mudos, sino en el purgatorio de las desdichas, dejadas en el olvido de un precedente equivocado en donde su norma será distinta a lo que hemos leído cuando eramos estudiantes o de aquellos libros que leemos cuando nos dá un no sé que al entrar en una librería de Derecho.
Creo que este es un tema infinito.
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