Cuando se escriba la historia de estos primeros años del siglo XXI, el caso de "Pucho" Padilla será uno de los grandes baldones de la administración de la justicia penal en Estados Unidos, erróneamente tenida como un modelo de perfección digno de imitar. Ni Kafka, en El proceso, pudo imaginar una manipulación más perversa de la legalidad, que la llevada a cabo durante estos últimos cinco años por las Ramas Ejecutiva y Judicial de ese país que siempre ha pretendido dar cátedra de buen gobierno al resto del planeta.
Las autoridades de Estados Unidos violaron todas las normas constitucionales y estatutarias para mantener preso a Padilla mientras hacían lo indecible para fabricarle un caso penal. Lo mantuvieron detenido sin formularle cargos durante tres años y medio, aplicándole un estado de derecho inventado especialmente para ese propósito, y cuando no pudieron más, le presentaron acusaciones que luego no fue posible sostener. Finalmente, recurrieron al viejo truco de acusarlo de conspiración, ese comodín procesal que siempre sirve bien a los intereses torvos del Estado.
Su condena estaba escrita. Nada ni nadie lo salvaría de los designios fascistoides de Bush, Cheney y Rove.
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