El ejercicio de la jurisdicción federal del Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, además de ilegítimo, tiene, en ocasiones, ribetes risibles. La intervención de las agencias federales en los casos de pederastia, por ejemplo, se da por una cuestión técnica que es, a todas luces, un subterfugio. Tomando como base la ley que castiga el que se transporte a un menor de un estado a otro con propósitos ilícitos, aquí los federales intervienen, si se lleva al menor de San Juan a Bayamón, digamos. Las otras «excusas» que se usan para apoderarse del caso y quitárselo a la jurisdicción puertorriqueña es que se haya usado un medio de comunicación como Internet y que se trate de un acto de tráfico comercial ilícito. La primera responde a que es Estados Unidos el que controla las comunicaciones en Puerto Rico; por lo tanto, la ofensa es a la legislación de ese país. La segunda es parte de la protección del comercio interestatal.
En el caso que motiva este comentario, resulta absurdo aplicar esos estatutos federales al sacerdote; sobre todo el de tráfico comercial, basado en que la relación sexual con el menor se daba a cambio de regalos a éste. Por mucho que se quiera estirar la cobija de la ley en este sentido, es patentemente exagerado e inadecuado.
Claro que el hombre merece ser procesado por sus actos, pero lo debe ser en la jurisdicción puertorriqueña, en nuestros tribunales y a base de la ley penal de Puerto Rico. El colmo del coloniaje es que no tengamos la autoridad ni para enjuiciar a nuestros delincuentes, a menos que Estados Unidos nos lo permita.
¡Hasta cuándo soportaremos este tutelaje bochornoso!
No hay comentarios:
Publicar un comentario