Las leyes de tránsito han tenido que adaptarse a la realidad actual de la comunicación inalámbrica en sus distintas modalidades. Hace tiempo que los conductores hablan, escriben y leen, de manera incontenible, mientras manejan. Ha habido, pues, que prohibir esas conductas, por lo lesivas a la seguridad vial. Pero, como siempre, la aplicación de la norma debe hacerse de forma flexible y razonable, para no ser injusto.
En este contexto, en California, un tribunal apelativo ha tenido que revocar un dictamen de instancia en el caso de un hombre denunciado por consultar un mapa en su teléfono móvil, al encontrar una vía muy congestionada por reparaciones. En medio del atasco, el sujeto quiso aprovechar la ventaja de la tecnología para buscar otra ruta, pero un policía -- más papista que el Papa -- le expidió un boleto de $165.
Indignado, el denunciado fue a la sala de casos de tránsito, pero el tribunal le falló en contra. Entonces fue a una sala superior, que sostuvo el dictamen. Hasta que el apelativo entró en razón, resolviendo que, en los hechos muy particulares de este caso, la prohibición no aplicaba porque el conductor no estaba «escuchando o hablando» por teléfono. Por mi parte, creo que el tribunal tiene que haberse identificado con el hombre, pensando que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo.
O sea que, en el país del common law, aplicó el common sense.
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