El Ministerio Público lleva el peso de la prueba para encausar al culpable, y a veces sus fallas redundan en la impunidad y, por ende, el fracaso de la justicia. El volumen de trabajo en la Fiscalía es tal, que resulta oneroso, y ello se traduce en una atención deficiente y en la tentación de llegar a arreglos de rebaja en la calificación del delito, a cambio de una alegación de culpabilidad que evita un juicio prolongado. El resultado es una forma de impunidad, pues, aunque se produce una condena, no se da por el delito que en realidad ha sido cometido.
Es también cierto que al fiscal se le juzga por su porciento de convicciones logradas. De ello dependen ascensos y la posibilidad de llegar a la judicatura, meta de muchos. Ese norte puede desvirtuar su desempeño, bien sea utilizando métodos reñidos con la ética y la justicia, o en nombre del amplio margen de discreción con el que cuenta, excusando conductas o alegando «ausencia de prueba más allá de duda razonable» para acusar.
En un sistema de derecho rogado, si no se ruega o se ruega mal...
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