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Tenía que ocurrir que en un país en el que el gobierno central -- en este caso, federal --  espía a sus ciudadanos descarada e impunemente los gobiernos locales, a través de sus departamentos de policía, hagan lo mismo. Es el caso de Estados Unidos, donde entre una cuarta y una tercera parte de las agencias de orden público de los estados andan por la libre interceptando las llamadas de teléfonos celulares con una tecnología conocida como Stingray. Con la excusa de que lo hacen para combatir el crimen, los gobiernos municipales y estatales se han confabulado con la empresa que provee el equipo y el servicio, escudándose en «acuerdos de confidencialidad» para no revelar cómo funciona y el alcance de la intervención. Lo que sí han tenido que admitir es que, una vez en función, el sistema no discrimina entre las llamadas legítimas y las que se busca investigar en un área determinada.

Así van las cosas en la democracia americana, tan «respetuosa» de los derechos civiles, y dada a predicarle a los gobiernos del resto del mundo...