Aunque no comulgo con su ideología política, me parece que Pedro Pierluisi puede tener razón en su anunciado pleito contra el Gobierno de Puerto Rico por el uso de fondos públicos para pagar cabilderos por una labor político partidista en Washington. Porque una cosa es que se contrate a unos voceros para que consigan beneficios legislativos de parte del Congreso, y otra muy distinta es que se les pague para que presenten la versión oficialista de los resultados plebiscitarios del pasado 6 de noviembre. Lo primero es un despilfarro; lo segundo, una ilegalidad. Como parte de su labor política, el Gobernador y su séquito pueden tratar de convencer a los congresistas de que no es cierto que el país rechazó la colonia y de que, de las opciones votadas, la anexión no obtuvo el mayor número de sufragios. Pero, pagar $525 la hora por ello a unos americanos buscones es ilegal e inmoral.
Hace falta que el Poder Judicial lo dictamine así.
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