Este gobierno ha continuado con una práctica que considero es -- aunque menor -- un mal uso del poder legislativo. Se trata, por un lado, de aprobar leyes para ponerle nombre a estructuras y vías públicas de todas clases. Algo así no amerita la intervención legislativa, sino que debería hacerse por orden ejecutiva, a base de la recomendación de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, entidad que, por el abuso de esta práctica, ha quedado casi inoperante.
La otra vertiente de esta pérdida de tiempo legislativo es la aprobación de leyes para dar a conocer enfermedades que deben ser atendidas por el público. Aunque el propósito es loable, bastaría con que el Secretario de Salud, en el ejercicio de su discreción profesional, tomara las medidas pertinentes para ello. Algo anda mal en el país, si hay que obligar al Departamento de Salud a orientar a la gente acerca de tal o cual condición o enfermedad.
Pensándolo bien, el Secretario de Salud debería declarar una emergencia de salud mental en la Asamblea Legislativa...
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