Es natural que el Secretario de Justicia se oponga a que, como parte de un pleito por violaciones a los derechos civiles por parte de efectivos policiacos, se considere el informe rendido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que condena las actuaciones de la Policía de Puerto Rico en este sentido. Como abogado del Gobierno de Puerto Rico, tiene que defender las acciones del cuerpo policiaco. Desafortunadamente para él, aunque sus planteamientos sobre la pertinencia y admisibilidad de esa prueba prosperen, el peso de ese informe en el ánimo del juzgador es demasiado grande. Toda vez que en el tribunal de la nación de la que él quiere ser parte, los pleitos son juzgados por jurado, esas personas ya están enteradas de las conclusiones de dicho informe. Aun cuando el juicio fuera por tribunal de derecho, es decir, sin jurado y con un magistrado como juez de los hechos, difícilmente un juez federal va a fallar en contra de la posición institucional del Departamento de Justicia federal.
Así que Somoza tiene este caso perdido desde el saque. Amén de que hay «prueba robusta y convincente» o «preponderancia de la prueba» de los abusos policiacos, el informe de sus jefes los americanos lo acaba de hundir.
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