El ajuste de cuentas con aquéllos que desde el poder han actuado bárbaramente contra sectores de su pueblo es tarea insoslayable y legítima de la democracia liberal. Las leyes de amnistía son una aberración del ordenamiento jurídico, pues burlan el Derecho y, más importante aun, la Justicia. Por eso, resulta esperanzador el movimiento que, con mayor o menor determinación, se registra en estos días para eliminar o neutralizar esa condonación del mal organizado.
Así tenemos a Uruguay, en donde se ha derogado la ley de amnistía que durante 25 años ha impedido que se enjuicie a los protagonistas de la dictadura de los años 70 y 80. Al otro lado del Río La Plata, los argentinos sentencian a algunos de los cabecillas de su dictadura y de la llamada «Guerra Sucia». Brasil, más tímidamente, aunque no deroga su ley de amnistía, nombra una Comisión de la Verdad, un paso que esperemos conduzca a los enjuiciamientos eventuales de los responsables durante su dictadura de más de 20 años.
Por otro lado, en España, el franquismo solapado hace tiempo ha enfilado sus cañones contra el juez Garzón, quien, se ha saltado la ley de 1977 que protege inmoralmente a los hijos espirituales del Caudillo, y ha tenido la valentía de investigar sus crímenes.
En fin, no puede haber paz en los sepulcros del mundo, mientras los victimarios no paguen por lo que hicieron.
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