Es entendible la molestia de los familiares de una víctima de asesinato con las recomendaciones del Ministerio Público acerca de las sentencias a los acusados, producto de negociaciones. Lo ideal es que los culpables paguen por sus delitos sin «descuentos» en las penas que les corresponden. Pero, la realidad es que, en muchas ocasiones, en ausencia de testimonios o pruebas de otra naturaleza aportadas por una persona, a cambio de una reducción en la calificación del delito y, por ende, de la pena, no es posible procesar a los autores de un hecho delictivo. Es una verdad muy amarga, pero es verdad, al fin. Entonces, ante la probable impunidad absoluta, lo que la Fiscalía intenta es conseguir el máximo castigo posible dentro de esas circunstancias.
En el caso que da motivo a este comentario, se anuncia una posible pena de 37 y 27 años de reclusión para los autores materiales del asesinato. Aunque no es prisión perpetua, tampoco son términos escandalosamente cortos. Lo que importa es que cumplan una pena lo suficientemente larga como para sacarlos de circulación por muchos años y, si ello fuera posible, rehabilitarlos. La justicia humana es imperfecta, pero es la única que está a nuestro alcance.
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