Es evidente que el gobernador Fortuño - abogado de profesión - tiene un serio desconocimiento del ordenamiento jurídico. Primero, porque propuso una reducción de sueldos a miembros de su gabinete, en contra de lo dispuesto por la Constitución. Y ahora, cuando comenta el «impedimento» de procesar en nuestra jurisdicción a los juzgados en la jurisdicción federal. Parece que su ejercicio profesional, limitado a lo corporativo, no le ha permitido familiarizarse con el resto del Derecho. El asunto es grave, pues él es el Primer Ejecutivo, principal responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes en este país.
En lo que respecta al segundo punto, aunque hay jurisdicción, me parece que debe ejercerse con discreción. Todo parece indicar que el país no está preparado para condenar a quienes hayan violado estatutos sobre cuestiones técnicas que, realmente, no se perciben como «delitos.» Si el jurado de la calle Chardón es representativo de la sociedad puertorriqueña, entonces no hay nada que buscar por la vía judicial. Los pueblos tienen el gobierno que se merecen y la criminalidad también. Lo que debe hacerse es eliminar todas las restricciones al recaudo de contribuciones políticas, y que cada cual llene sus arcas como mejor pueda, sin temor a incurrir en violaciones de ley.
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