La demanda en el Tribunal federal contra la Directora Administrativa de los Tribunales en su carácter institucional y personal por la cancelación de los contratos de arrendamientos de los edificios que albergan a la OAT y al Tribunal de Apelaciones pone de manifiesto un proceder judicial que deja mucho que desear por parte de la administración de los tribunales en los últimos quince años. Aunque el pleito es contra la actual incumbente, no hay duda de que el tracto de este asunto revela que aquellos polvos del nuevo milenio trajeron estos lodos. Resulta sorprendente que las directoras administrativas de los tribunales -- juezas también -- y los jueces presidentes del periodo en cuestión hayan actuado de una forma tan poco juiciosa en un asunto de esta envergadura. A los desaciertos de un mal negocio inicial se le sumaron otras decisiones desafortunadas, aun en contra de voces internas que advirtieron de ello. Lo más sorprendente es la estrategia de negociación de la OAT en esta controversia: justificar el negocio ante el señalamiento adverso de la Oficina del Contralor, y luego hacer suyo ese señalamiento para justificar sus actos frente al arrendador.
Como bien dice una y otra vez la demanda, es algo que "shocks the conscience."
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