La administración de la judicatura puertorriqueña, tanto en su vertiente jurídica como gerencial, comete un grave error de juicio al despachar tan livianamente la denuncia de los jueces que participan en fiestas organizadas por abogados postulantes. No debería ser necesario puntualizar el evidente problema ético, sobre todo a la Alta Curia que, en más de una ocasión, ha predicado la moral profesional, insistiendo en el cuidado de no dar la apariencia de lo impropio. Resulta eminentemente contradictorio juzgar los asuntos éticos aplicando criterios francamente legalistas.
Si a estas alturas de la Historia hay que explicar por qué ese contacto entre abogados y jueces es reprobable, entonces las cosas están peor que lo que uno supone. Nuevamente, surge la mentalidad de cofradía y atrincheramiento del gremio judicial, que gusta de tapar el cielo con la mano y hacer distinciones bizantinas para justificar lo injustificable.
Lo menos que debió hacerse fue amonestar públicamente a estos magistrados por su proceder. Pero, no se quiere hacer ni siquiera eso, para evitar lacerar la «mística» de la judicatura.
No se aprenden las lecciones del pasado, a veces muy reciente. Temprano o tarde estas cosas revientan, y entonces no se podrá alegar que no se sabían...
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