Debe verse con sumo cuidado la anunciada intención de imponer medidas punitivas -- sobre todo, de índole penal -- a ciertas faltas de atención de los padres en el renglón de la educación escolar de sus hijos. Estipulada la importancia de que los padres estén pendientes de este asunto, y del hecho de que el Estado tiene una injerencia en ello, la medida extrema de castigar o sancionarlos, como si se tratara de maltrato, es cuestionable. Si bien es posible condicionar ciertas ayudas o beneficios a esas familias al cumplimiento con los deberes paternos en lo que a lo educativo se refiere, me parece exagerado -- no digamos contraproducente -- la tipificación de esos incumplimientos como delitos de maltrato.
El poder coactivo del Estado es cosa muy seria, que no debe usarse livianamente, sino en casos en que la conducta en cuestión atente contra la paz y la seguridad públicas. Una supervisión deficiente del desempeño escolar de los hijos -- aunque lamentable -- no llega a esa categoría de problema social que requiera una intervención del aparato represivo.
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